CAPTURA Y RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO NACIONAL.

Parapolítica y Ley de justicia y paz en Colombia (1998-2006)

Capture and reconfiguration coopted of the national state.

Parapolitics and Justice and Peace Law in Colombia (1998-2006

ANGIE LORENA PULIDO MORA

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

LINA MARCELA MARTÍNEZ BENAVIDES

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

Resumen

La parapolítica se conoce como el escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Dicho proceso de vinculación entre actores armados y elites políticas implicó la amplia avanzada del paramilitarismo en el poder estatal, por medio de procesos de Captura y posterior Reconfiguración Cooptada del Estado. El documento se vale de análisis en los cambios a nivel de gobierno central, el comportamiento electoral, los vacíos penales que dejó la Ley de Justicia y Paz y la transformación de la élite política entre finales de la década los 90’s hasta el año 2006, con el objetivo de determinar finalmente los

aproximamientos prácticos de la CdE y la RCdE en Colombia.

Palabras clave: Captura de Estado (CdE), Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE), Parapolítica, Paramilitarismo.

Summary

Parapoliticsis known as the political scandal unleashed in Colombia since 2006, due to the revelation of the links between politicians and paramilitaries after the demobilization process carried out by several of the groups that made up the United Self-Defense Forces of Colombia. This process of linkage between armed actors and political elites implied the broad advance of paramilitarism in state power, through processes of Capture and subsequent Co-opted Reconfiguration of the State. The document uses analysis in the changes at the central government level, the electoral behavior, the criminal empties left by the Justice and Peace Law and the transformation of the political elite between the late 1990s and the year 2006, with the objective of finally determining the practical approaches of the CoE and the CRoE in Colombia.

Keywords : State Capture (CoE), Co-State Reconfiguration of the State (RCdE), Parapolitics, Paramilitarism.

Recibido: 30/04/2018

Aceptado: 22/06/2018

CAPTURA Y RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO NACIONAL. Parapolítica y Ley de justicia y paz en Colombia (1998-2006) *

ANGIE LORENA PULIDO MORA **

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

LINA MARCELA MARTÍNEZ BENAVIDES ***

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

1. INTRODUCCIÓN

Colombia ha sido un país en donde las múltiples inconformidades a raíz de la insatisfacción de necesidades básicas, los amplios vacíos de la legalidad, el conflicto interno, una constante crisis política y una cultura caracterizada por la normalización de conductas que infringen el orden socialmente establecido, han generado el espacio propicio para la proliferación de ambientes en donde la corrupción permea ampliamente tanto el sector privado como el sector público en función de intereses individuales y en donde el interés general se ha desviado al particular, posibilitando el surgimiento de escenarios de Captura y de Reconfiguración Cooptada del Estado.

Los factores históricos, conceptuales, prácticos y analíticos que se analizan en el siguiente texto; intentan abordar el fenómeno de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado colombiano por parte de élites políticas y las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), quienes tejieron vínculos con el objetivo de concretar beneficios particulares para ambos grupos de interés, por medio de la utilización del poder, el uso sistemático de la violencia y el aprovechamiento de procesos estatales dando origen al fenómeno conocido como Parapolítica.

Dicha situación demostró constituirse en un fenómeno de alto impacto en el cambio institucional en Colombia, comenzado desde la captura territorial y el control en el comportamiento electoral, hasta la formulación, instauración y ejecución de la Ley de Justicia y Paz del año 2005, la cual tuvo repercusiones a nivel Nacional al influir de manera directa en las tres ramas del poder público del país es aquí donde vale la pena preguntarse si dichas irregularidades son evidencia de una captura y posterior reconfiguración cooptada del estado colombiano tanto a nivel territorial como nacional o son simplemente producto de otro fenómeno político o social por el que atravesó la nación.

Con el fin de consolidar dichos objetivos planteados este texto, cuenta con una bibliografía basada en documentos y cifras oficiales, además de algunos documentos de carácter académico y un barrido a algunas Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Colombiana.

2. Contexto histórico

Durante los años noventa y principios del siglo XXI, Colombia se caracterizó por ser una Nación sumida en profundos cambios y una debilidad institucional imperante como resultado de la crisis política y el conflicto armado, lo que se vio materializado en el innegable poderío del narcotráfico, la corrupción y la agudización del conflicto interno, además del surgimiento del paramilitarismo como forma de extrema derecha que acrecienta el terror en la sociedad civil, con especial fuerza en el nivel territorial del país.

Así mismo, durante la década de los 90’s el Estado Colombiano entró en un período de reajuste en todos sus niveles y aspectos, desde lo económico por medio de una apertura de corte neoliberal y de economía de mercado hacia el mundo, hasta una nueva forma de pensarse el espectro político desde el punto de vista de una democracia pluralista en donde la participación política sentó sus bases para la entrada de nuevos actores políticos y la configuración de un Estado de Derecho consagrado por medio de la Constitución Política de 1991, que dio paso a una apertura democrática definitiva en la cual nuevos actores comenzaron a disputarse el poder.

Estos grandes cambios fueron los que transformaron definitivamente las dinámicas del conflicto y crearon un escenario propicio para la CdE y RCdE en Colombia, al permitir, por un lado, los cambios de un sistema altamente tradicionalista y por otro, el aprovechamiento del poder político y económico por parte de viejos y nuevos actores que entraron a disputar el poder, como lo significó por ejemplo el hecho de que algunos de los antiguos caciques de la política perdieran su fuerza, que otros logran reacomodarse a los cambios y principalmente, que unas terceras fuerzas desde la ilegalidad, tomarán relevancia a partir del cambio.

Este es el caso tanto de las guerrillas de izquierda, como de los grupos paramilitares, quienes iniciaron una lucha por la captura de las rentas municipales a raíz de la descentralización política, administrativa y financiera que propuso la carta del 91, con el objetivo de lograr el control local y pasar a un segundo estadio de captura de Estado, a través del uso reiterado de la violencia y la apropiación de bienes y recursos públicos; este panorama generó un rápido crecimiento del control e influencia de los grupos armados al margen de la ley en la territorialidad Colombiana.

2.1. Grupos al margen de la ley

Colombia se ha constituido históricamente como un foco de contrastes representados por diferentes actores con motivaciones e intereses particulares que hacen uso de un gran número de métodos y estrategias para el logro de determinados fines, en este sentido, han sido los grupos al margen de la ley quienes han impactado la realidad nacional, convirtiéndose en un factor de importante influencia en los problemas políticos, económicos y sociales del país. Estos grupos se han asentado en amplias regiones colombianas donde la debilidad estatal ocasiona un orden civil que raya en el autoritarismo, lo que ha permitido su consolidación.

Las guerrillas de izquierda hacen parte fundamental de estos grupos, pues han contado con una ideología clara, estrategia ofensiva y militar, continuidad en el tiempo, e impacto social, político y económico en el país. Se ha identificado su origen a partir del bogotazo (9 de abril de 1948), como resultado del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y la constante violencia sectarial entre Liberales y Conservadores de amplia trayectoria en el territorio Nacional, además de las interminables e insatisfechas necesidades de la población civil.

Entre las principales organizaciones de izquierda, se destacan las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19 (Movimiento 19 de Abril) y EPL (Ejército Popular de Liberación), entre otras; algunas de las cuales pasaron por importantes procesos de desmovilización durante las décadas de los años 80 y 90, como es el caso del M-19, quienes transfiguran en el AD-M19, y el caso de la Unión Patriótica que surge como resultado de la propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO) y dos frentes desmovilizados (Simón Bolívar y Antonio Nariño) del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ( Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009: 16)

Por otro lado, como consecuencia de la acción ofensiva por parte de las guerrillas, la necesidad de proteger el lucrativo negocio del narcotráfico y el accionar de algunas élites políticas que buscaban su protección y consolidación en el sistema democrático a través de la eliminación o persecución de contrincantes y opositores, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia -Paramilitares- con una postura de extrema derecha con el objetivo, en principio, de combatir tanto a las guerrillas, como a los grupos políticos de izquierda legales en varias regiones de Colombia, en especial, aquellas que estaban controladas por varias facciones del grupo guerrillero.

2.1.2. El paramilitarismo

A partir de los años ochenta comenzó a tomar fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia, invadiendo las distintas estructuras del poder estatal con el objetivo de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional. El paramilitarismo ha hecho uso de atroces tácticas ofensivas como método de lucha, entre las cuales se destacan las masacres, asesinatos selectivos, torturas, desplazamientos de población civil y en general, crímenes de lesa humanidad.

Se ha atribuido el inicio e institucionalización del paramilitarismo por parte de importantes terratenientes y dirigentes de la clase política al formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que se consideran enemigos y rivales potenciales, sin olvidar el importante factor de influencia ganadero, quienes apoyaban dicha lucha en busca de defenderse a los ataques por parte de las guerrillas. (Rivas y Rey, 2008: 45) afirman:

“Pues bien, los ganaderos, los poderosos terratenientes o los -más humildes- campesinos o mineros comenzaron a defenderse de la guerrilla mediante los grupos clásicos de autodefensas. La insurgencia ponía en peligro su modo de vida e incluso sus vidas.” (Rivas y Rey, 2008: 45)

Luego de transcurridos importantes procesos de organización campesina e incremento de los grupos delictivos y criminales, en abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con dirigencia centrada en Carlos Castaño, auto denominándose como una organización con un mando unificado y un plan de coordinación multiregional y nacional, con pretensiones de lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara a futuro su reconocimiento como actor político.

De acuerdo a las Naciones Unidas, las AUC son responsables de 80% de los asesinatos de civiles a raíz del conflicto armado en Colombia; la intimidación, el acoso y la fuerza militar fueron los principales métodos utilizados para el despojo de tierras, una actividad que representó el 44% de los desalojos originados en el país, bajo órdenes de altos mandos como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, generando repudio y denuncias a organismos nacionales e internacionales (ONU, 2006). El narcotráfico, la extorsión y el secuestro se citaron como actividades que proporcionaron una fuente de ingresos y auto sostenimiento para financiar sus actividades en el territorio.

A mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y como resultado, cerca de 30.000 combatientes abandonaron las filas de las Autodefensas y sus comandantes cesaron las operaciones, sin embargo, según fuentes de control penal, muchos de sus integrantes continuaron delinquiendo, así mismo, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volviendo a tomar las armas al unirse o crear grupos criminales posteriormente. Algunos de sus máximos jefes quienes estaban sometidos al proceso de desmovilización fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico.

3. Fundamentación teórica

Es necesario, para entender el fenómeno de Captura y Reconfiguración cooptada del Estado, conocer en primera instancia que significan dichos términos y cuáles son sus características y singularidades. La CdE y RCdE puede entenderse como el fenómeno que busca que grupos tanto legales como ilegales utilicen el poder y la institucionalidad del Estado para su propio beneficio. Dichos beneficios en un primer momento datan de ser netamente económicos, sin embargo este no es el único ya que se puede ir en pro de beneficios legales, jurídicos y penales como ocurrió en el caso que nos concierne (Parapolítica).

En Colombia el fenómeno tiene particularidades que actúan como factores que complejizan la situación, ya que dichos grupos ilegales que se tomaron el poder y los recursos Estatales para conseguir sus propios intereses, son grupos generadores de violencia en un contexto nacional de conflicto armado interno.

3.1. Captura del estado y reconfiguración cooptada del Estado

Teniendo como principal fuente de consulta el texto “La Captura y Reconfiguración cooptada del Estado en Colombia”, en cabeza de Luis Jorge Garay Salamanca, es posible hallar las definiciones tradicionales de los dos conceptos, así como los nuevos aportes a los mismos, así, por ejemplo, define la Captura de Estado como:

“Una especie de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados influyen en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas en la búsqueda de favorecer sus propios intereses egoístas y en detrimento del bienestar general. En esta caso como las leyes son de aplicación permanente, sus retribuciones podrán ser permanentes y de largo plazo” (Garay, 2008, 10).

Así pues, dadas las circunstancias y características que envuelven el planteamiento de esta investigación es necesario señalar que si bien las elites económicas del país han tomado el camino de la CdE, realmente los grupos criminales y al margen de la Ley han sido los mayores agentes captores del Estado, utilizando métodos que permitan, bien sea, la ejecución a corto (soborno, intimidación, violencia), mediano (amenazas, atentados, delitos) o largo plazo (creación de partidos políticos), dando inicio a la Captura en el nivel territorial, dadas las debilidades de los gobiernos locales para la administración de los recursos, como consecuencia del proceso de descentralización por el que atravesó Colombia, permitiendo así la usurpación del tesoro local en beneficio de los actores ilegales regionales.

Puede identificarse la ejecución de tácticas tanto de corto, como mediano y largo plazo, utilizada por los paramilitares, sin importar el nivel de exposición penal, pues fueron desde la acción violenta hasta la manipulación e incluso creación de Partidos Políticos capturados desde un inicio, para responder únicamente a sus intereses y ganando parcelas electorales por medio de la intimidación, Garay lo explica así:

“Los agentes captores, incluyendo los ilegales, buscan capturar a los partidos políticos como medio para ingresar a la maquinaria estatal y, posteriormente, manipular dicha maquinaria para lograr sus fines particulares. En estos casos, se puede hablar de una Captura Instrumental de Partidos Políticos (CiPP), en la que un grupo de interés actúa para acomodar la formulación programática y la agenda política del partido, a la luz de sus intereses específicos.” (Garay, 2008, 71)

De esta manera, una vez los grupos ilegales, en este caso, paramilitares, alcanzaron un nivel avanzado de captura del Estado desde el punto de vista territorial, pudieron generar el tránsito a niveles nacionales a raíz del control de un alto porcentaje del congreso de la República, en representación del pueblo Colombiano, pasando así a un estado más avanzado de la CdE; la RCdE pues lograron permear un gran número de instituciones de tal manera que lograron la consecución de muchos de los beneficios planteados, como la entrega de dineros, el control de la policía local y regional, el control de rutas del narcotráfico, entre otras, como la creación de la Ley de Justicia y Paz que será tratada más adelante,

Sin embargo en este punto se hace necesario pues conocer una definición de la Reconfiguración Cooptada del Estado, como:

“la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político, de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social”(Garay, 2008, 32)

Cabe aclarar sin embargo la existencia de una forma de entender la Captura desde el punto de vista de invertir los papeles del agente capturado y el agente captor, pues en el caso de Colombia, no fueron exclusivamente los paramilitares quienes buscaron a las elites del poder político para la ejecución de sus intereses, sino que se conoce de múltiples casos en que los funcionarios públicos fueron quienes acudieron a la acción armada ilegal para obtener, acrecentar o reafirmar su poder político, a costa de la eliminación o amenaza a sus contendores directos, entrando así en un nuevo espectro del entendimiento del fenómeno

De esta manera, si bien, a raíz de la imposibilidad de que se de la existencia de un actor que capture el Estado en su totalidad y a largo plazo, si es posible afirmar que las AUC en Colombia infiltraron un gran número de parcelas del Estado (instituciones, instancias, grupos sociales y políticos, aparatos electorales, etc) para reconfigurarlo en razón a sus propios intereses y menoscabando el régimen político y jurídico, y con ello todo el ensamblaje de la Democracia en su conjunto y agravando la debilidad institucional imperante.

4. Parapolítica

La parapolítica se conoce como el escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de múltiples vínculos de una gran cantidad de políticos y funcionarios públicos con paramilitares, luego del proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. El fenómeno se desató en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública.

De acuerdo a Amnistía Internacional, la vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez afectaron las relaciones internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que generaron un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Uribe quienes se acusaron mutuamente de conspiración. Igualmente se vio fuertemente cuestionada la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo. (Amnistía Internacional, 2008)

4.1. Desarrollo del fenómeno

La parapolítica en Colombia irrumpió en la agenda política del país a mediados del año 2006 con la publicación y puesta en evidencia de las reales relaciones que se daban al interior del país entre grupos paramilitares y sectores políticos por medio de la publicación hallazgo de diferentes pactos entre estos dos actores. Entre estos podemos encontrar; el pacto de Ralito, el pacto de Chivolo, el pacto de pivijay, el pacto re reunion de coordinacion, el pacto del Urabá el pacto de Magdalena Medio, el pacto del eje cafetero, entre otros (Sevillano, 2009).

El pacto de Ralito, sale a la luz en el 2006 y es conocido como una de las pruebas más contundentes sobre la evidente relaciones entre grupos paramilitares y entes políticos, este fue firmado en córdoba en el año 2001, allí se comprometían gobernadores, representantes a la cámara, ex Diputados, Alcaldes y ex Alcaldes, senadores, concejales, miembros de partidos políticos y funcionarios públicos a luchar de la mano de las AUC por una nueva Colombia.

Gracias a un allanamiento realizado a Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 dio a conocer otro de los escandalosos pactos firmados el 28 de septiembre del año 2000 denominado pacto Chivolo, donde estuvieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas que eran aspirantes a concejos y asambleas. Allí se comprometían a apoyar al ex alcalde de Santa Marta José Domingo Dávila Armenta, aspirante el cual logró quedar como Gobernador de Magdalena en el año 2000. Pero este no fue el único impacto electoral que tuvo este pacto, además incluyó en el fallo electoral de Alcaldías, Consejos Municipales y Asamblea Departamental de los municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón capturando entonces más de la mitad de los municipios del departamento de Magdalena.

Pero el impacto del pacto de Chivolo no se quedó allí sino que debido al gran éxito electoral que se obtuvo en estos años se firmó un nuevo pacto denominado El pacto de Pivijay en donde parte de los firmantes realizaron en Noviembre de 2001 otro pacto pero esta vez para la elección de Cámara de Representantes y Senado de la república para el año 2002 en donde los suscritos se comprometen a conseguir votos para DiebMaloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco, así como varios candidatos para las posteriores elecciones a alcaldías en Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Salamina, Remolino, Chivolo y Ariguaní. Y estos de forma recíproca se comprometían a una vez estando en su cargo conseguir recursos de inversión social y participación burocrática para los suscritos en el pacto. Las sentencias de este pacto están relacionadas de Chivolo. (Sevillano, 2009)

Además de estos pactos, también fueron realizados el pacto de Urabá en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí ocurrido el año 2001 donde se acordó con alias “ El Alemán” que para el Congreso del periodo 2002-2006 el grupo paramilitar apoyaría a Rubén Darío Quintero y Humberto Builes ex alcaldes Estanislao Ortiz Lara de Turbo, Edison Yanez Tirado de Necoclí, Gustavo Germán Guerra de Arboletes y Hugo Caballero Ballesteros de San Pedro de Urabá y para Cámara Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y Cesar Augusto Andrade quienes salieron electos y en compensación donde se beneficiaron incluso hermanos de El Alemán (Romero, 2007)

Otro pacto importante se realizó en la finca 'La 15' ubicada entre San Pedro de Urabá y Valencia, Córdoba donde se reunió Carlos Castaño con el jefe político del movimiento Convergencia Ciudadana y ex senador Luis Alberto Gil, el ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar y el ex gobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera y otra reunión y pacto en noviembre del 2001 en la misma finca con Carlos Castaño, 'Jorge 40', 'Ernesto Báez', 'Macaco', ÉverVeloza o 'H.H.', Mancuso y 'don Berna' con diferentes personalidades políticas del Urabá y sur de Bolívar en donde no se encuentran condenas hasta la vigencia del día de hoy. En caldas, se realizó una fuerte investigación a ex congresistas, ex senadores, ex ministro de hacienda gracias a presunto nexo con paramilitares en la división del departamento de caldas en distritos electorales para apoyar candidatos a las distintas corporaciones. (Corporación Nuevo Arcoíris)

Además, existen afirmaciones abiertas y contundentes de parte de importantes personalidades militantes de las AUC acerca de sus fuertes vínculos con la política en las regiones del país donde tienen gran influencia, este es el caso por ejemplo de Salvatore Mancuso el cual un día después de las elecciones del congreso del 2002 expide un comunicado en donde asegura su recomendación a la gente por quién votar y su gran éxito en estas elecciones al superar la meta del 35% de personas que querían colocar en el congreso.

Castaño Gil jefe paramilitar el 13 de junio del 2005 lanza otras escandalosas afirmaciones en la revista semana donde asegura que más del 35% de congresistas son “amigos del paramilitarismo”. Gracias a estas afirmaciones se realizaron una serie de investigaciones por parte de la academia y de equipos periodísticos, donde como resultado se da a conocer por medio de esta revista la investigación que da los nombres de los 23 congresistas que apoyaron el paramilitarismo tomando datos estadísticos consignados del Observatorio del Programa Presidencial de DD. HH. y DIH, Vicepresidencia de la República acerca del fenómeno del paramilitarismo regional, y su tipicidad con las elecciones en el 2001.

4.2. Modus operandi

Consistió en la realización de pactos como anteriormente se han mencionado algunos ejemplos ya sean escritos o verbales en donde miembros paramilitares (generalmente Jefes) acuerdan el apoyo político a la elección de diferentes puestos como alcaldías, Cámaras, Senado, etc. o la reafirmación de sus cargos electorales; A cambio de este servicio los políticos se comprometen a generar una serie de beneficios a estos grupos armados económicos, judiciales,legislativos, de representación política, de influencia en la toma de decisiones, lavado de activos, negocios público-privados, nombramientos, menos controles al narcotráfico o corrupción en los mismos etc. Ocasionando así una serie de capturas de las funciones del gobierno y el estado para su beneficio.

Este proceso se realiza de forma local y regional, teniendo en cuenta la influencia y desarrollo de los grupos paramilitares en la zona, ya que de esto dependía la influencia electoral que los paramilitares podrían garantizar a sus políticos aliados. Esto era posible, gracias al terror que las personas del común tenían a estos grupos al margen de la ley lo cual se había logrado gracias a los múltiples delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, etc. Sin mencionar la gran influencia que tiene el poder del narcotráfico que maneja este grupo delictivo. Tan sólo entre 1999 y 2003 la parapolítica logró permear 223 municipios en todo el país y se hizo especialmente fuerte en 12 departamentos teniendo en cuenta que este fenómeno siguió creciendo años posteriores,en la medida en que crecían los municipios con presencia del paramilitarismo desde Córdoba, Antioquia y Magdalena Medio al resto de Colombia. (Corporación Nuevo Arcoíris, 2008)

Los primeros registros judiciales de la parapolítica se dieron por la Fiscalía general de la nación en los departamentos de Meta y Casanare, después la Corte Suprema de justicia realizó investigaciones a congresistas de Sucre, Magdalena y César y posteriormente las investigaciones fueron extendiéndose por el resto del país, logrando la captura del estado local y regional, para escalar al nivel nacional.

Este fenómeno empieza a ser visible gracias a la consolidación repentina en las urnas municipales permeadas por el paramilitarismo de desconocidos movimientos políticos que aparecieron de un momento a otro con fórmulas electorales que juntaban candidatos tradicionales con otros nunca antes mencionadas.

Se da además el modus operandi de los parapolíticos para eludir las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía, algunos decidieronhuir del país antes de que se emita orden de captura o pidiendo asilos políticos; otros han jugado con la justicia acogiéndose a la justicia especial y siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia; otros renunciando a las curules para ser juzgados como civiles por la Fiscalía General de la Nación ya que la Fiscalía no cuenta con un coordinador de las investigaciones de parapolítica como si lo tiene la Corte Suprema de Justicia lo cual puede generar más posibilidades de soborno en el proceso o cualquier otro tipo de corrupción o la implementación de trabas en el proceso legal. Cabe aclarar que los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Por último, es importante mencionar el respaldo que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe con muchos de los investigados por este delito, tomando como escudola “persecución política”para él y su círculo político. (Romero, 2007)

4.3. Implicados

Las siguientes tablas muestran el número de políticos implicados en escándalos de parapolítica y su referencia del partido al que pertenece, además de mostrar la cantidad de congresistas por departamentos implicados y el proceso penal que se está llevando con ellos hasta el 2013 realizados por la MOE, se evidencia la Captura Instrumental de Partidos Políticos como fase de la CdE y la RCdE.

TABLA 1. Número de políticos implicados por partido político

Partido Político

Condenado

Investigación

Proceso terminado sin condena

Alas Equipo Colombia

2

3

0

Alianza Social Indígena

0

1

0

Apertura Liberal

1

3

0

Cambio Radical

10

20

2

Colombia Democrática

3

3

0

Colombia Viva

0

4

0

Convergencia Ciudadana

4

9

0

Convergencia Popular Cívica

3

0

0

Equipo Colombia

0

1

0

Integración Regional

1

0

0

Moral

0

1

0

Movimiento de Participación Popular

0

1

0

Movimiento Huila Nuevo y Liberalismo

0

1

0

Movimiento Nacional

0

1

0

MPU

0

1

0

Partido Acción Social

0

1

0

Partido Alianza Social Independiente

0

1

0

Partido Colombia Democrática

0

1

0

Partido Conservador

7

26

3

Partido de la Coalición

0

1

0

Partido Integración Nacional

0

4

0

Partido Liberal Colombiano

7

35

4

Partido Social de Unidad Nacional

3

26

2

Partido Verde

0

1

0

PIN

0

1

0

Polo Democrático

0

1

0

Fuente: elaboración propia sobre la base de Misión de observación Electoral (2013) cifras parapolítica.

TABLA 2. Número de congresistas procesados por Departamento

Fuente: elaboración propia sobre la base de Misión de observación Electoral (2013) cifras parapolítica.

De acuerdo a la Tabla 2, en el nivel regional el departamento con más congresistas procesados ha sido Antioquia (16), seguido por Córdoba (14), Atlántico (13), Magdalena (12), Cesar (10), Bolívar (6) y Sucre (5), lo que pone en evidencia las zonas de mayor control de las AUC y que aciertan en relación con su trayectoria histórica, pues el noroccidente del país estuvo y ha estado bajo control de grupos de la extrema derecha que se toman las armas para hacerse al poder, logrando cooptar políticos, funcionarios públicos, e incluso líderes sociales de la región.

TABLA 3. Estado de las investigaciones

Fuente: elaboración propia sobre la base de Misión de observación Electoral (2013) cifras parapolítica.

Así pues, la parapolítica permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos, los cuales realizaron una serie de alianzas y acuerdos con las AUC, para poder continuar o aspirar al poder público, realizando así una CdE y RCdE a nivel local y municipal para pasar al nivel Nacional. Podemos además, basándonos en las cifras, poner en tela de juicio la efectividad y eficiencia del sistema judicial para tratar el fenómeno de la parapolítica pues solamente se han realizado 41 condenas de los 199 casos de congresistas relacionados con dichos escándalos.

Luego de conocido el escándalo por parapolítica, la Corte Suprema de Justicia descubrió los nexos de un número significativo de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia. Este proceso dio inicio unos meses después de la desmovilización de casi de los paramilitares y terminó con la captura y la condena de más del 30% del Congreso de la República. En total 102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42 parlamentarios resultaron condenados, así lo demuestra (López, 2006):

“De 87 de los 102 congresistas investigados se han recopilado pruebas en los procesos que adelanta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, así como también en los procesos contra 109 servidores públicos, 324 miembros de la fuerza pública y en otros 5,766 casos de ciudadanos involucrados con las actividades criminales del narcoparamilitarismo.” (López, 2006)

De esta forma, la justicia colombiana comprobó que los nexos entre políticos y paramilitares se tejieron entre 1998 y el 2006, pero incidieron en los resultados de las elecciones del 2002, principalmente, logrando una CdE exitosa por un período de tiempo específico (2002), al ver comprometido un alto porcentaje del congreso colombiano, así como una aproximada tercera parte de alcaldes y gobernadores del país, generando una gran estructura política que permitió la concretización de muchos de los objetivos que perseguían de manera individual, tanto grupos de interés económicos, como el paramilitarismo y personajes de la política en general.

Penalmente hablando, para el año de 2009 la Corte Suprema de Justicia reasumió un cambió en su jurisprudencia para tener la competencia de juzgar a los congresistas que se vieron involucrados en el escándalo; para el caso de quienes renunciaron de manera anticipada a sus curules y cargos, pasaron a manos de la justicia ordinaria, para el 2010 habían más de 100 cargos bajo la disposición de la corte. Bajo otro nivel de análisis es posible afirmar que a nivel de partidos políticos, la coalición uribista o partidos en alineación con el uribismo han reportado el mayor número de congresistas procesados por vínculos con el paramilitarismo, entre ellos, partidos como Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Colombia Democrática, Alas Equipo Colombia, entre otros.

4.4. Incidencia en el mapa electoral

Una de las estrategias más importantes para comenzar a impactar dentro del Estado Colombiano y comenzar a generar cuadros de Captura y Reconfiguración Cooptada del estado es la Incidencia en el Mapa Electoral, pues permite poner en la cabecera de los cargos públicos a funcionarios que vayan a la par con los intereses de los grupos armados al margen de la ley, y en este caso, a los paramilitares, pues desde estos cargos pueden ejecutar acciones que lleven al beneficio particular por medio de captura de rentas, favorecimientos específicos y hasta la formulación de proyectos de ley que puedan impactar de manera positiva a dichos grupos.

En este sentido, uno de los grandes logros del paramilitarismo, fue lograr dicha variación en el mapa político en un período de tiempo determinado (1998-2006), y que tuvo como año cumbre el 2002. El modelo hegemónico al que recurrieron en la búsqueda del predominio electoral, se caracterizó por ser violento, bajo un modelo de predominio de competencia restringida en el cual los paramilitares tenían un candidato preferido y podían permitir la entrada de otros candidatos, pero sus opositores directos eran neutralizados por medio de amenazas y represiones, logrando incidir de manera sistemática en los resultados electorales.

TABLA 4. Variación del mapa político por partido; comparación 2003-2007

Fuente: López, C.; Sevillano, O. Balance político de la parapolítica. Observatorio del Conflicto Armado,

Corporación Nuevo Arco Iris

De lo anterior se deduce que la parapolítica significó la completa transgresión del régimen democrático en la elección de autoridades locales, lo que quiere decir que no tuvo lugar un proceso electoral libre, competitivo y limpio, esto se da en razón a que no es posible consolidar una democracia organizada en un país en donde hay presencia de actores armados ilegales que detentan el poder por medio de las relaciones que se gestan por parte de estos, con políticos que buscan la consecución de intereses particulares relativamente cercanos y que tengan la posibilidad de acceder al poder por medio de leyes o políticas que marquen un panorama favorable para ambas partes.

5. Ley de justicia y paz

La Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” o Ley de Justicia y Paz, se constituyó como marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, con la cual se buscó facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.(Ministerio de Justicia, 2006)
La Ley de Justicia y Paz se formuló con el objetivo de aplicarla a aquellas personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional, con respecto a hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a tales grupos, y que no puedan acceder a los beneficios jurídicos de la Ley 782 de 2002. Estas personas deben ser postuladas a los beneficios de la ley y ratificar su voluntad de participar en el proceso judicial. (Ministerio de Justicia, 2006)

5.1. Fundamentos y desarrollo

Esta Ley regula la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional y a garantizar los derechos de las víctimas.

Del artículo 16 al 29 de la Ley se regula el aspecto de investigación y juzgamiento estableciendo un proceso determinado. El cual inicia con la recepción del caso por parte de La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, la cual se encarga de investigar todas las conductas delictivas realizadas durante y en ocasión de la pertenencia al grupo armado; recibir la versión libre para esclarecer los hechos; elaborar y desarrollar el programa metodológico para iniciar la investigación; comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Terminada esta etapa se dicta medida de aseguramiento en los centros carcelarios dispuestos por el gobierno.

Con base en el artículo 18 de la Ley 975 del 2005, si el fiscal encuentra evidencia la cual determine que el desmovilizado realizó una conducta delictiva; el fiscal solicitara al magistrado competente para que dicte fecha y hora para audiencia de formulación de imputación. En esta audiencia el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda.

La siguiente etapa en este proceso de justicia transicional es la audiencia de formulación de cargos en la cual el fiscal, habiendo previamente investigado los hechos aceptados y demás actuaciones informa al juez y al desmovilizado la conducta por la cual debe ser condenado. En el desarrollo de esta audiencia el acusado puede aceptar cargos de una manera libre, voluntaria y espontanea; en este caso, como lo establece el artículo 19:

“(…) El Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento. Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.” (Ley de Justicia y Paz)

En esa audiencia se le impone la pena por los delitos cometidos y se determina la pena alternativa conforme lo determine el ente juzgador y se promulga la sentencia. De esta manera se termina el proceso de justicia transicional en virtud de la Ley 975 del 2005.

Esta Ley, para cumplir con los principios de justicia, verdad y reparación, tiene la figura jurídica de las penas alternativas aplicables a las conductas establecidas en la misma; la pena alternativa consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.

La pena alternativa sólo será concedida cuando el postulado haya contribuido con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas y se haya comprometido a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Cumplidas todas las obligaciones, la pena principal se declara extinguida. Las condiciones para acceder a la pena alternativa que se establecen son que con la confesión y ayuda por parte del desmovilizado se llegue a la verdad, justicia y reparación, los cuales son principios de esta ley. Se establecen estas condiciones debido a que el objeto de esta Ley es hacer efectivos los principios ya mencionados y encontrar una justicia efectiva a través del proceso acá descrito.

Un ejemplo de un proceso de la Ley 975 del 2005 es el aplicado a ARAMIS MACHADO ORTIZ alias “Cabo Machado”, “Martín Moreno” o “Iguano”, en el cual se le concedió pena alternativa por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y fuga de presos.

Esta pena alternativa le fue concedida gracias a que El 26 de marzo de 2010, en audiencia de formulación de cargos, MACHADO ORTIZ aceptó los propuestos por el Fiscal, los que luego aprobó el Magistrado de Garantías quien ordenó enviar lo actuado a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; otra conducta la cual influyó en cumplir una condición para acceder a la pena alternativa fue que el postulado leyó un escrito pidiendo perdón a la sociedad. Finalmente la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá con ponencia de la Magistrada Alexandra Valencia Molina, luego de un receso, da lectura a la sentencia en contra del desmovilizado ARAMIS MACHADO ORTIZ.

5.2. Percepción crítica

La Ley de Justicia y Paz nace durante el período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el 2003 las Autodefensas Unidas de Colombia firman un acuerdo de desmovilización donde aproximadamente 30 mil hombres junto con los comandantes de esta organización al margen de la ley cesan operaciones, una vez dadas están condiciones el gobierno presenta un proyecto de ley en donde la premisa es la confesión de crímenes de lesa humanidad y se diera por terminado cualquier operación alguna, sin embargo esta ley no fue bien vista a nivel nacional ni a nivel internacional dadas las condiciones y características que se querían implementar, como el hecho de dejar por fuera del proceso al eje vertebral de todo proceso de paz, la reparación a las víctimas.

La ley 975 de 2005 no terminaba de ser polémica y es que no había un consenso de cómo y cuánto se debía castigar los hechos que se dieron durante los procesos que tuvieron lugar en el marco de la ilegalidad y por otra parte la pregunta también se dirigía hacia cuanto se debía perdonar, la reparación de las víctimas, temas de extradición, el supuesto de la confesión, los delitos políticos los temas relacionados al narcotráfico y todos los demás delitos conexos, es decir, esto era un tema que tenía varios de los problemas sociales y economías que han puesto a Colombia en ojo del huracán. (Revista Semana, 2010).

Los resultados no son para nada alentadores y es que según cifras de la fiscalía 3.666 ex paramilitares están postulados a justicia y paz lo que quiere decir que 10% de los desmovilizados, ¿en dónde está el otro 90%?, los ex paramilitares han confesado más de 50.000 crímenes y de 33 sentencias que se habían proferido en 2010 tan solo el 6% hace referencia a los hechos confesados y solo se han condenado al 4% de los acogidos por la misma ley, si hablamos de desapariciones hasta octubre de 2015 se habían encontrado 6.482 cuerpos tan solo el 15% de lo que estaba promediado, en el caso de desplazamiento se encontraron 17.914 casos de los 6.5 millones dados por todos los grupos armados y que concuerdan con el registro que se ha dado en la unidad para víctimas (Fiscalía General de la Nación; 2015).

5.3. Evidencias de captura y reconfiguración cooptada del Estado

La parapolítica demostró constituirse en un fenómeno de alto impacto en el cambio institucional en Colombia, al influir de manera directa en los poderes públicos del país, comenzado desde el control en el comportamiento electoral, hasta la formulación de leyes, como la Ley de Justicia y Paz que marcó una serie de beneficios ocultos dentro del proceso de desmovilización de las AUC, y esto gracias a la gran permeabilidad que tuvieron en el congreso:

“En 2002 los congresistas electos con apoyo del narco paramilitarismo obtuvieron el 34% de las curules y más de dos millones de votos equivalentes al 25% de la votación para el senado. Ocho de cada diez de estos congresistas entraron a ser parte de la coalición del presidente Uribe y gobernaron en conjunto con él desde entonces. En 2006 casi todos los congresistas de la parapolítica fueron reelegidos y mantuvieron la misma proporción y representatividad dentro de la coalición de gobierno.” (López, 2006)

De esta forma, la parapolítica tuvo altos índices de CydE y RCdE en el congreso, lo que le permitió comenzar a influir en legislaciones específicas, como es el caso de la discusión sobre la modificación del periodo presidencial, la posibilidad de generar reelección presidencial y la Ley de Justicia y Paz, que se llevaron a cabo durante los años cumbre de la parapolítica. Durante esta discusión se demostró que las zonas más influenciadas por grupos paramilitares estuvieron mayormente de acuerdo con las modificaciones en el período presidencial y el trámite de la Ley de Justicia y Paz. (Véase Tabla 3).

Fuente: Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Santos, Rafael J. (2009). “TheMonopoly of Violence: Evidencefrom Colombia”.

La Tabla 3 (Extraída de una investigación norteamericana sobre el monopolio de la violencia en Colombia) constituye una clara evidencia de los senadores que votaron de manera favorable frente a dos temas en específico, teniendo en cuenta la variable “ThirdParties” o Terceros partidos//Terceras fuerzas; estos temas son : 1) Reeleción (columna 2) y 2) Ley de Justicia y Paz (columna 3), en donde la favorabilidad por aprobar estos temas de debate está directamente relacionada con el porcentaje de votos en las zonas mayormente controladas por los grupos paramilitares; adicionalmente gran parte de estos senadores ya se encuentran condenados o en proceso de investigación.

Es de tener en cuenta además que esta propuesta se realizó en el marco de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y logró salir a flote modificando la Constitución política, demostrando la capacidad legislativa que había logrado la parapolítica en su conjunto; pues además del control sobre el congreso, los paramilitares lograron el control sobre una mayor cantidad de territorios, una legitimación cada vez mayor de su legitimidad sobre departamentos y municipios y una consolidación de su poderío al incrementar su representación desde la función pública al cooptar alcaldías, gobernaciones, cargos públicos, e incluso seccionales de la Fiscalía y el entonces operante DAS.

Por otro lado, las metodologías usadas para generar los vínculos entre las AUC y la política colombiana -funcionarios, congresistas, gobernadores, alcaldes, etc- dejaron rastro al suscribir tratados de cooperación bilateral como el Pacto de Ralito, en donde las evidencias dejan ver que además de la búsqueda de los ilegales a los legales, se generaba un tipo de Captura Invertida, en donde eran los funcionarios que operaban bajo el marco de la legalidad quienes buscaban apoyo en los ilegales para poder concretar sus objetivos en el ascenso de la escala de poder político y económico. Dicho pacto sentaba unas primeras bases para reconfigurar el Estado Colombiano por medio de un partido político que pudiera surgir a futuro, como fruto de estas poderosas alianzas y que tuviera como fin último la modificación de la Constitución Política de Colombia, así: “El pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social” (Pacto de Ralito, 2001).

6. Análisis y conclusiones

La primera reflexión que deja el presente texto hace referencia a la debilidad institucional del Estado Colombiano como fuente primaria de provisión en bienes y servicios, pues este no se allá en la capacidad de atender dichas necesidades básicas para la población generando el alza de movimientos insurgentes que llegan al punto de tomar las armas con el objetivo de acabar con el orden establecido, y bajo esta misma lógica surgen grupos contrainsurgentes, que para el caso específico de Colombia se constituyeron bajo la figura de paramilitares que transgredieron de manera reiterada los derechos humanos, cometiendo múltiples crímenes de lesa humanidad y que entendieron las lógicas del Estado para lograr su captura y posterior cooptación.

En este sentido, es posible concluir que Colombia pasó por un proceso de CdE y subsiguiente RCdE, por medio de una penetración y transformación violenta e ilegítima de la institucionalidad al transgredir de forma directa los parámetros legales de la formulación de leyes, de elecciones políticas en los distintos nivel del orden nacional y en la actuación frente a la población civil, por parte de diferentes grupos armados, cofinanciados por el narcotráfico, entre los cuales destacan las Autodefensas Unidas de Colombia, en razón a la gran magnitud de vínculos que lograron con funcionarios públicos, trabajando de manera conjunta en la transformación política, electoral y legislativa del país en aras del interés particular.

El paramilitarismo en cabeza de las AUC logró la cooptación de la institucionalidad Colombiana, al punto que para el 2002, más del 30% del congreso había sido permeado por las alianzas entre este grupo y los funcionarios de elección popular, por medio de un proceso de reconfiguración del mapa electoral y que tiene fundamentos en la forma en que se ha desarrollado la democracia en colombia, y en particular, tras la apertura política que generó la Constitución de 1991 y el auge de los grupos antisubversivos que se dieron a la tarea de combatir a las guerrillas de izquierda, pero que doblaron su objetivo hacia la captura del poder para influir en la formulación de leyes, regulaciones, decretos y en general, en políticas de gobierno para la transformación de las reglas de juego de tal manera que logren la consecución de sus intereses particulares.

Así pues, la CdE y RCdE se presentó tanto desde un ámbito de alcance local, hasta un alcance plenamente nacional, debido a que, si bien hubo departamentos con un mayor índice de captura (entiéndase el noroccidente colombiano), la tramitación y ejecución de la Ley de Justicia y Paz, significó el efectivo control ejercido desde la legislación en pro de beneficios a los desmovilizados, debido a las bajas condenas, el mínimo control y seguimiento, y principalmente, la casi inexistente reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia a manos de las AUC.

Desde el punto de vista penal, la primera falencia que se deja ver es la existencia misma de la Ley de Justicia y Paz que constituye una muestra clara de la forma en que las AUC lograron permear de manera ilícita -más allá de los acuerdos públicos- la formulación de garantías que permitiesen penas condenatorias bajas en comparación a crímenes cometidos contra los DDHH, además de generar altos beneficios económicos que, de acuerdo a varios informes, no fueron seguidos ni documentados, generando baches informativos y preventivo; así mismo esta Ley se tramitó sin tener en cuenta factores integrales de reinserción y reintegración, generando reincidencias en la vida delictiva de muchos ex-integrantes de las AUC.

De esta forma, las reflexiones finales que apuntan a la existencia de un proceso de Captura y posterior Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia que da inicio al rededor del año 2000 hasta 2005, y con reductos para años siguientes en razón del fenómeno de la parapolítica, llevan a preguntarse si este país asediado por las más grandes problemáticas tendrá que pasar por un nuevo proceso de CdE y RCdE teniendo en cuenta que en la actualidad aún no se han tomado medidas preventivas y sancionatorias a los casos más simples y más complejos de corrupción y que el Estado sigue siendo débil con relación al uso de monopolio de la violencia y provisión de bienes y servicios… ¿Pasará entonces el Estado Colombiano por un nuevo proyecto que pretenda refundar la patria?

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Cita sugerida :

Pulido Mora, A. y Martínez Benavídes, L. (2018). Captura y reconfiguración cooptada del Estado nacional. Parapolítica y Ley de justicia y paz en Colombia (1998-2006). C oordenadas. Revista de Historia Local y Regional (5) 2, 149-170.



* Las autoras del texto desean agradecer la lectura del Mg. Luís Alberto Galeano E.

** Estudiante de sexto semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- e Idiomas en la Universidad Nacional de Colombia – dirección electrónica: zherloree@gmail.com

*** Estudiante de sexto semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- y Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia – dirección electrónica: lina.martinez050@esap.gov.co

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