Acta nº1

La  reforma agraria en las políticas peronista, desarrollista y en la Federación Agraria Argentina, 1943-1959

Gabriela Olivera

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,

 Universidad Nacional de Córdoba

 

Resumen

 

En  Argentina, la alta concentración de la propiedad de la tierra y la existencia de una clase terrateniente poderosa han sido consideradas en reiteradas oportunidades como causales del atraso económico del país; sin embargo, no se ha llevado adelante una reforma agraria para encarar un cambio substantivo en las relaciones de propiedad de la tierra. Este trabajo propone un estudio de la Reforma Agraria en relación con la política peronista y desarrollista y abarca también el análisis de los discursos y prácticas de la Federación Agraria Argentina, entre 1943 y 1959. Las fuentes que dan sustento a este texto son los discursos producidos como postulados o legislación por las agencias estatales y las interpretaciones que sobre la problemática considerada han elaborado los investigadores. En la construcción metodológica ocupa un lugar central la fuente primaria del periódico La Tierra. El discurso contenido en la prensa gremial da cuenta de la formación e intercambio de opiniones, la construcción de bases programáticas, las representaciones en torno a las acciones gubernamentales y el posicionamiento frente a las mismas.

Palabras clave: reforma agraria, peronismo, desarrollismo

 

Summary

 

In Argentina, the high concentration of land ownership and the existence of a powerful landowning class have repeatedly been considered as causes of the country's economic backwardness; however, an agrarian reform has not been carried out to face a substantive change in land ownership relations. This work proposes a study of the Agrarian Reform in relation to the Peronist and developmentalist politics and also includes the analysis of the discourses and practices of the Argentine Agrarian Federation, between 1943 and 1959. The sources that sustain this text are the discourses produced as postulates or legislation by the state agencies and the interpretations that the researchers have developed about the problematic considered. In the methodological construction, the primary source of the newspaper La Tierra occupies a central place. The discourse contained in the trade press reports on the formation and exchange of opinions, the construction of programmatic bases, the representations around government actions and the positioning in front of them.

 

Keywords

agrarian reform, Peronism, developmentalism

 

Introducción

En  Argentina, la alta concentración de la propiedad de la tierra y la existencia de una clase terrateniente poderosa han sido consideradas en reiteradas oportunidades como causales del atraso económico del país; sin embargo, no se ha llevado adelante una reforma agraria para encarar un cambio substantivo en las relaciones de propiedad de la tierra. A pesar de ello, la problemática de la redistribución de la tierra ha ocupado un lugar destacado en algunas agendas gubernamentales y determinadas coyunturas históricas. Ha sido también un tema de debate entre actores políticos de distinto signo, intelectuales, diferentes organizaciones agrarias y movimientos reivindicativos. La temática está anclada de manera indisoluble en las políticas de colonización, propiedad, arrendamiento formas de tenencia de la tierra, como así también en las políticas de fomento cooperativo, reformas impositivas y crediticias.

Una de las perspectivas de abordaje es a partir de la categoría Reforma Agraria, de la cual puede afirmarse que es polisémica. ¿Se trata de cambios de alcances redistributivos tales que podrían involucrar reformas estructurales?; ¿remite a medidas de índole impositiva o crediticia a favor de los sectores medios del campo?; ¿refiere programas de colonizaciones sobre tierras despobladas o improductivas?; ¿tiene como objetivo principal el acceso a la propiedad de la tierra a los pequeños productores o, en cambio, privilegia la tecnificación y modernización de medianos productores integrados al mercado?.

Este trabajo propone un estudio de la Reforma Agraria en relación con la política peronista y desarrollista. Abarca también el análisis de los discursos y prácticas de la Federación Agraria Argentina (en adelante FAA), que en aquel momento histórico lideraba en gran medida al movimiento chacarero. El estudio inicia en 1943 y se extiende hasta 1959, cuando la acción colectiva en torno a la cuestión agraria se tornó álgida. Precisamente, en este año se creó en la provincia de Buenos Aires un fuero agrario que propiciaba planes de Reforma Agraria, aunque no contó  con el apoyo del gobierno nacional; mientras en San Luis se sancionó una ley provincial que apuntaba en el mismo sentido[1].

Lázzaro (2015), quien estudia las políticas de arrendamientos, colonización e impositivas sobre la gran propiedad agraria durante los dos primeros gobiernos peronistas, advierte que la implementación de las mismas había generado un aumento de la tierra en propiedad, un retroceso del arrendamiento y la ampliación de formas mixtas de tenencia de la tierra (propiedad-arriendo). Aclara que los objetivos de la política favorable al acceso a la propiedad de la tierra no se limitaba a dar lugar a reivindicaciones socio-económicas de arrendatarios y aparceros, sino a minimizar el conflicto social entre los actores en pugna. La autora apunta a desentrañar si estas transformaciones pueden ser identificadas como “reformas de tenencia”, o si se trata de procesos relevantes de redistribución de la tierra que hubiesen podido modificar de forma estructural la estructura social agraria.

Balsa (2015), plantea que existió una discursividad agrarista[2] crítica del latifundio y promotora de los derechos de los arrendatarios ya con el gobierno militar que tomó el poder en 1943, pues fueron reactivadas políticas de colonización y de protección a los productores no propietarios. Respecto de la FAA, el autor destaca su discurso nacionalista autoritario, próximo al ejército, con elementos que priorizaban la consigna de que los agricultores arrendatarios se convirtieran en propietarios como una forma de defensa de los intereses nacionales. De esta manera, existió inicialmente una confluencia entre Perón y la FAA, aunque posteriormente se dio una ruptura casi total. Desde 1949, el discurso agrario del oficialismo pasó a centrarse ya no en la promesa de entregar tierras a quienes las trabajaran, sino en la armonía entre rentistas y arrendatarios y a partir de 1953 pasó directamente a defender los establecimientos agrarios que fueran eficientes. Mientras, desde la FAA continuaban las críticas a los terratenientes y la insistencia en la necesidad de que se realizara una reforma agraria profunda.

Desde la perspectiva de Hora (2002), el régimen vigente desde 1943 impuso una disminución compulsiva de las rentas agrícolas que no pudo ser evadida por los terratenientes, las expulsiones de arrendatarios fueron prohibidas y los arrendatarios fueron beneficiados con el derecho a renovar sus contratos, aun con la oposición de los terratenientes. Este autor plantea que ”la legislación sancionada a fines de 1943 fue lo más parecido a una reforma agraria que tuvo Argentina en toda su historia (…) Provocó un cambio profundo entre propietarios y arrendatarios, que lenta pero de manera sostenida restó peso relativo a la gran propiedad rural” (pp. 329-330).

Según Blanco (2013), la política agraria peronista impulsó un conjunto de medidas que tendieron a dotar de mayor estabilidad a los chacareros, como disposiciones relativas a prórrogas forzosas de los desalojos, congelamiento de los cánones de arriendo y, principalmente, la creación de las Cámaras Paritarias. Éstas constituían ámbitos reconocidos por el Estado en la lucha por los derechos de arrendatarios y aparceros, ya que por primera vez se negociaban bajo la supervisión del Estado las condiciones de los contratos y también cuestiones relativas a la expropiación de tierras. Palacio (2018), también destaca el papel que tuvieron las cámaras paritarias -“verdaderos tribunales del agro” (pp.108-169)- por su rol en generar cambios profundos y duraderos en los patrones de tenencia de la tierra, en la estructura productiva y en las relaciones entre propietarios y arrendatarios. Sostiene que durante el desarrollismo -pese a que los objetivos del Segundo Plan de Transformación Agraria apuntaban a fortalecer la gran propiedad rural- las prórrogas y suspensión en los desalojos, conjuntamente con el accionar de las Cámaras Paritarias, operaron en el mismo sentido que durante la etapa del peronismo en el poder.

A partir del golpe militar de 1955 y con mayor fuerza desde 1958 se sentaban las bases institucionales de un modelo que el capitalismo argentino venía reclamando desde el comienzo de la década: la sustitución del trabajo por el capital en el desarrollo industrial (Portantiero, 1977). Este modelo de acumulación tenía como eje esencial la transnacionalización del capital, con orientación al mercado interno especialmente en bienes de consumo durables, mientras se apuntalaban la química, petroquímica, siderurgia, infraestructura pesada, productos de base y transporte (Lázzaro, 2012).

Según Portantiero (1977) se consolidaba un nuevo actor social: el capital extranjero, quien lograba reestructurar relaciones de predominio a su favor, tanto en el interior del sector agropecuario cuanto en la economía en su conjunto. El empate político entre las distintas fuerzas se articulaba con un modelo de acumulación en el cual había un “poder económico compartido” que alternativamente se desplazaba entre la burguesía agraria pampeana (proveedora de divisas y por tanto con alta injerencia en los momentos de crisis externa) y la burguesía industrial, volcada hacia el mercado interior (pp. 541-552).

Para el desarrollismo, el principal objetivo era lograr la modernización y la tecnificación del agro y para ello era prioritario fortalecer a la gran empresa agrícola privada. La política estatal reconocía la necesidad de solucionar la problemática de los arrendamientos rurales y buscaba impulsar políticas de colonización articuladas al fomento al cooperativismo. La idea de que la propiedad de la tierra debía cumplir una función productiva y social, y además la noción de que la supresión progresiva de los “latifundios” junto con la eficiencia productiva eran de relevancia, se hallaban presentes en las políticas públicas (Lázzaro, 2012)

Los aspectos del discurso desarrollista más apreciados por los sectores terratenientes-capitalistas eran la libertad económica, la estabilidad monetaria y la idea de que el Estado debía cumplir una función de “subsidiariedad” respecto de la actividad privada. Su propuesta era realizar un plan para poner en manos privadas la totalidad de la tierra pública en el más corto plazo, apelando a programas de colonización con criterio empresarial, el cual complementado con medidas crediticias, impositivas y creación de infraestructura, lograría el objetivo de la incorporación de vastas tierras marginales a la plena producción. En vistas a una mayor producción y productividad -pilar de la política económica y del posicionamiento de los sectores terratenientes-capitalistas- se debían disminuir los impuestos que gravaban el capital y la renta, aplicar una política de desgravaciones especiales que resultaran favorables a la exportación, como también ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento y transporte de la producción, incentivar el progreso tecnológico del agro vía investigación, extensión y educación. Esta  política estatal articulaba y coincidía con las posiciones de los partidos políticos de filiación liberal-conservadora en sostener los valores de seguridad jurídica sobre la propiedad privada de la tierra y del patrimonio, su libre disponibilidad y el funcionamiento de una economía abierta donde se expresaran las fuerzas del mercado (Lattuada, 1987).

Para este sector la sola mención de algún tipo de redistribución de la tierra, aun en su versión desarrollista -en la cual el principal objetivo era la modernización y la tecnificación del agro, mientras que la distribución de la tierra a pequeños productores y trabajadores rurales ocupaba un lugar secundario- era considerada como un concepto distorsionado o perimido, ya que afirmaban que la división de las grandes propiedades en pequeñas, no implicaba un aumento de la producción ni de la productividad. Aseguraban que “la pulverización de la propiedad rural” estaba asociada a la elevación de costos, al empobrecimiento general y tenía un claro objetivo político de destrucción de la propiedad privada, identificando a esta propuesta con proyectos socialistas y/o marxistas colectivizantes (Lattuada, 1987, pp.66-75).

En este trabajo se analiza cómo las políticas peronistas y desarrollistas propiciaron el acceso de arrendatarios y aparceros a la propiedad de la tierra. Se plantea, además, que tanto los discursos como las prácticas que llevó adelante la FAA al interior del sector chacarero[3] abonaron en el mismo sentido e incluyeron la noción de Reforma Agraria. Esta propuesta consistía en un programa radical de redistribución de la propiedad de la tierra a favor de los pequeños productores, de los arrendatarios y de los aparceros, por lo tanto, en detrimento de los terratenientes y la burguesía agraria. Se consolidó durante el peronismo fundacional y el desarrollismo, alcanzando un punto culminante a fines de la década de 1960. Ahora bien, este programa en modo alguno implicaba un proyecto de colectivización de la tierra, sino más bien la capitalización y el acceso a la propiedad de la tierra de capas de los sectores chacareros, que no cuestionaban ni las relaciones sociales y ni las relaciones de poder que prevalecían en el campo. La noción de Reforma Agraria en realidad venía a profundizar la posición de los sectores chacareros en el plano económico-corporativo, entendiendo que así se lograría un pleno ejercicio de sus derechos sociales y un estilo de desarrollo rural de tipo capitalista, pero con mayor peso relativo de una clase media rural. En definitiva, las políticas públicas a las que hacemos mención en conjunción con los discursos, las prácticas de la FAA y del movimiento chacarero apuntaron a consolidar un nuevo sector de propietarios rurales medios, surgido de las filas de los arrendatarios, aparceros y pequeños productores.

Nuestra perspectiva teórica se nutre de las contribuciones de la teoría crítica del discurso, que estudia al lenguaje como práctica social, es decir como una forma de significar a un particular ámbito de las prácticas sociales. Wodak (2003), afirma que éstas configuran los discursos y los afectan; a su vez son los discursos los que influyen en las acciones, los procesos sociales y políticos (p.19). Hablar del discurso social es validar los discursos como hechos sociales, y a partir de allí, como huellas históricas (Angenot, 2010).

Por otra parte, es pertinente considerar al Estado como una arena política atravesada por relaciones de poder que, en determinadas coyunturas, se convierten en hegemónicas, es decir ejercen la dirección intelectual y moral de la sociedad política y civil (Cantamutto, 2015). Esta idea, que rompe con la visión monolítica del Estado, nos permite explicar cómo se llevaron adelante políticas públicas favorables a la gran burguesía agraria -cuando al mismo tiempo- ciertas agencias públicas desplegaban políticas que apuntaban a favorecer a pequeños y medianos propietarios rurales y levantar la bandera de la reforma agraria.

Para fundar nuestro planteo central, consideramos necesario:

a)    Analizar las articulaciones que se plantearon entre las diferentes políticas públicas de tierras -vinculadas de manera particular a la redistribución de la misma- con los discursos, y las prácticas que llevó adelante el movimiento chacarero y la FAA.

b)    Indagar acerca de cómo las representaciones y los discursos agraristas contribuyeron a darle contenido y legitimidad a las  diferentes nociones de “Reforma Agraria”, tanto en las agencias estatales como en la propia FAA.

c)    Identificar el papel que los mecanismos institucionales y las agencias estatales pusieron en marcha para apuntalar o bien para obturar la consolidación de un sector de medianos propietarios rurales.

 

Las fuentes que dan sustento a este texto son los discursos producidos como postulados o legislación por las agencias estatales y las interpretaciones que sobre la problemática considerada han elaborado los investigadores. Ocupa un lugar central en la construcción metodológica la fuente primaria del periódico La Tierra. El discurso contenido en la prensa gremial cumple un papel fundamental en la circulación de información, en la formación e intercambio de opiniones, en la construcción de bases programáticas y en las representaciones en torno a las acciones gubernamentales y posicionamiento frente a las mismas. Al respecto, Carniglia (2004) destaca la relevancia que asumen los periódicos agrarios, en el espacio simbólico y en la (re)producción de representaciones.

 

La cuestión de la tierra en la política agraria peronista, el repertorio de estrategias de la FAA y la reforma agraria

Durante la década de 1920 se comenzaba a instalar un discurso agrarista en la sociedad civil y política, beligerante frente al latifundio y a favor de la intervención estatal en el acceso a la propiedad de la tierra. En el transcurso de los años 1940 este discurso se fue afirmando y ampliando en la opinión pública, difundido por intelectuales, políticos y gremialistas. La consolidación del agrarismo operó como un estímulo a la creciente preocupación estatal y se plasmó en la sanción de la ley 12.636 del año 1940, por la que se creaba el Consejo Agrario Nacional, entidad autárquica del Estado. La ley apuntaba a aumentar el número de propietarios con la subdivisión de inmuebles en unidades económicas, solucionar problemas técnico-económicos y superar situaciones sociales conflictivas de peso. Se atribuía relevancia a la formación de colonias, cooperativas y acceso al crédito para pequeños y medianos productores (Balsa, 2012).

Es preciso aclarar que recién en 1943, con la llegada del GOU al poder, es que dicha institución pudo disponer de los fondos necesarios para implementar su política, ya que pasó a depender directamente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Marcó un parteaguas en la legislación de tierras en Argentina pues introdujo un nuevo concepto: la propiedad de la tierra quedaba sujeta a las limitaciones y a las restricciones que tomaran en consideración el interés colectivo. Se asignarían tierras fiscales y se podrían también expropiar tierras privadas, si las propiedades no superaban las 2.000 has. y no estaban explotadas racionalmente.

Durante la campaña electoral de Perón, las consignas de reforma agraria, prórrogas y rebajas en los contratos de arrendamiento, el Estatuto del Peón de Campo y el fortalecimiento del sindicato de Oficios Varios, fueron ejes articuladores de su propuesta política agraria. Estas cuestiones se jugaron como elementos atractivos en términos electorales entre chacareros y trabajadores rurales (Lattuada, 1986). Desde el triunfo electoral de 1946 se continuó con una política favorable a la eliminación de los latifundios y acceso a la propiedad de tierra que buscaba favorecer a los arrendatarios y aparceros.

En 1946 se elaboraba un proyecto para reformar la dinámica del Consejo Agrario Nacional (de aquí en más CAN) que establecía la valuación fiscal como base para la expropiación de los latifundios. Se agregaba además, un análisis de productividad, la opción de compra directa -ya que con anterioridad solo era posible hacerlo por licitación o remate público- y se proponía la participación de un representante de Federación Agraria junto con CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) en el directorio del CAN. Se disponía que todo predio rural no explotado racionalmente durante cinco años podía ser expropiado, lo que ampliaba los alcances de la ley. También se resolvió que el CAN pasaría a depender directamente del Banco de la Nación Argentina, a través de la gerencia de colonización y crédito agrario. Esta medida ocasionó la renuncia inmediata de quien era director del CAN hasta entonces -Antonio Manuel Molinari- y quien venía trabajando en las expropiaciones que se realizaban bajo la propuesta de racionalización en el uso de las tierras en propiedad de los terratenientes y su entrega vitalicia a los arrendatarios (Lázzaro, 2015).

La FAA consideraba esta medida como una “intervención” y expresaba que era imprescindible devolver al CAN su “autonomía” para que, de este modo, la tierra no fuera un bien de renta, sino de trabajo y reorientar su actividad nuevamente “hacia el horizonte de la Reforma Agraria”. Desde 1946 a 1948 el debate parlamentario se centró en la ley de prórrogas de los arriendos. El Banco de la Nación Argentina desplegó mayor intensidad colonizadora aunque, posteriormente, esta actividad declinaría (Lázzaro, 2015, pp. 176 y 178).

 

Mecanismos institucionales y movilización chacarera frente a las expropiaciones (1946-1948).

          Las demandas de expropiación podían ser planteadas por los mismos productores y emuladas por dirigentes de la FAA, pero también podían iniciarse desde el Banco Nación o alguna cooperativa de la misma zona. Las denuncias recaían sobre los campos de grandes propietarios conocidos por los colonos o de pertenencia a sociedades anónimas. Se consideraban más susceptibles de ser expropiadas aquellas tierras que tuvieran buena calidad, ubicación geográfica y que fueran improductivas. En los procesos expropiatorios, el papel del financiamiento bancario era central y podían actuar el Banco Nación, pero también del Banco provincial de Santa Fe y el Hipotecario Nacional.

          En el caso de la expropiación del campo “Elisa”, de los Bemberg, la demanda fue promovida por el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento de la ley 12.636. Para encarar tal acción se argumentaba que formaba parte de un vasto Plan Agrario para “…poblar el interior, racionalizar las explotaciones agrarias, subdividir la tierra y estabilizar a la población rural….”. A tal efecto, el Banco Nación llamó a licitación pública. Como base para fijar el valor expropiatorio se consideraba el pago de los impuestos en las tierras contiguas, con exclusión del valor venal. (La Tierra, 2/4/1948).

En 1948 se dictó una ley de expropiaciones. Según la misma, para que los arrendatarios pudieran acceder a la tierra era requisito tener cinco años de residencia en el predio. Los bancos de la Nación Argentina e Hipotecario financiarían las operaciones. Los préstamos a brindar hasta la totalidad del monto destinado a la compra de la tierra arrendada por el mismo arrendatario. En el artículo 46 de la ley de 1948 se establecía que el Poder Ejecutivo organizaría “cámaras regionales paritarias de conciliación y arbitraje obligatorio” donde estaban representadas las entidades gremiales y sus miembros se elegían por votación de los afiliados. En las subdivisiones de la tierra se promovía la formación de cooperativas de producción y se preveían mecanismos crediticios para concretar los emprendimientos. Según la FAA esta ley facilitaba el acceso a la propiedad de la tierra para quienes la trabajaban, nuevas oportunidades para los jóvenes agrarios y el arraigo de obreros rurales (La Tierra, año XLV, n° 5472, p. 1, 21/3/1958).

Por su parte, la FFA controlaba que se aplicara la nueva legislación. Bregaba por la suspensión de los desalojos que según el periódico La Tierra, seguían ocurriendo. Aconsejaba a los productores que debían exigir contrato escrito para que, de esta manera, pudieran acceder a operaciones de crédito en las instituciones oficiales. Para Irineo Barrios, por entonces presidente de la entidad, existía un verdadero “feudalismo en el régimen de tierras” que debía ser eliminado, al igual que otros tipos de “explotaciones feudales” en la industria y los pulpos de capital extranjero. Pero, estar a favor de las expropiaciones no significaba cuestionar el régimen de propiedad privada de la tierra. Al respecto, Barrios afirmaba:

Son falsas las imputaciones que algunos hacen de que cuando preconizamos la subdivisión de la tierra estamos contra la propiedad privada. Muy lejos de nosotros querer el despojo; lo que propugnamos precisamente es la multiplicación de la propiedad (…) con sentido económico y social y para una mayor contextura y estabilidad del país. (La Tierra, 23/ 4/ 1948)

 

En un Informe sobre la actuación colonizadora del Banco Nación se estimaba que las tierras adjudicadas, más las de pronta adjudicación sumaban 2.224.700 has, las que se dedicaban “…a la radicación de modestos y auténticos trabajadores rurales”. De la mencionada superficie adjudicada o en trámite de adjudicación, en los últimos dos años y medio se habían subdividido 1.395.275 has. La obra culminaría con la radicación de 11.146 familias campesinas que constituían un contingente humano de 66.876 personas (La Tierra, 21/1/ 1949).

 

Cambio de rumbo de la política peronista de tierras (1948-1955).

Luego de la sanción de la ley de 1948 la bandera de la Reforma Agraria pasó a segundo plano en la agenda gubernamental; sin embargo, el oficialismo exaltaba “las bondades de esta ley  como solución del problema agrario argentino” y afirmaba que la misma constituía una propuesta de  “reforma agraria tranquila” (Olivera, 2015, p. 245). El 27 de octubre de 1948 se sancionó un decreto para combatir la inflación en el que se estipulaba que las reparticiones descentralizadas no podían iniciar juicios expropiatorios. Desde el segundo Plan Quinquenal se reducían al mínimo indispensable las expropiaciones por causa de utilidades públicas y éstas debían ser sancionadas por el Congreso. Se recomendaba suma prudencia en las presentaciones al Congreso Nacional y Legislaturas provinciales de proyectos que “..tendieran a limitar o a cercenar arbitrariamente la propiedad” (Ibídem, p. 248).

Este cambio formaba parte de un giro general en la orientación de las políticas públicas que -en lo atinente al sector agropecuario- intentaba dar un paso atrás con respecto al apoyo a las expropiaciones o ventas de tierras a chacareros y, en cambio, propiciaba un aumento de la productividad agropecuaria, fomento del cooperativismo para contribuir a la capitalización de algunos segmentos de la agricultura familiar (Lattuada, 1987; Olivera, 2015).

Ante políticas públicas adversas, la FAA continuaba apostando a la política de profundizar y ampliar las transformaciones de la estructura social agraria y lo hacía desde la perspectiva del logro de los derechos de los arrendatarios y de los pequeños productores rurales. La entidad consideraba que hasta 1948 había existido una legislación de amparo para los arrendamientos y las aparcerías rurales y bregaba por la incumplida promesa gubernamental de  reforma agraria. Ese pensamiento se reflejaba en el periódico agrario, al decir:

La ley de arrendamientos y Aparcerías Rurales ha cumplido su primera etapa: manteniendo el arraigo de los productores en la tierra y regulando las rentas de manera que no graven más de lo aceptable en un régimen de esta índole al trabajo y a la producción, pero la segunda etapa la de arraigo definitivo, todavía espera medidas de carácter general que provoquen la reforma agraria anunciada y definida conceptualmente por el Presidente de la Nación. Nuestro agro debe poblarse de unidades de explotación directa donde la familia agraria quede definitivamente arraigada a la tierra y encuentre en ella, por medio del trabajo productor, el medio de progreso material y el sostén espiritual. (La Tierra, 1953, p.18)

 

La noción de Reforma Agraria de la Federación Agraria se asociaba al logro de condiciones dignas de vida y de trabajo. Irineo Barrios se autocalificaba como “un ciudadano que habla, ha nacido y vivido en el campo y aspira a servir la causa de nuestra agricultura con abnegado patriotismo” (extraído de La Tierra, 11/5/1951). Su participación en las movilizaciones, en la lucha gremial, en las expropiaciones y en la organización de las cooperativas era pensada en términos de derechos sociales y político-gremiales frente a la comunidad local y nacional. Pertenencia y participación en la comunidad son elementos distintivos de la ciudadanía, ya que ésta no se define como un simple status legal (Kymlicka y Norman, 1997).

En 1954 se sancionó la ley de 14.394. Uno de los cambios más sustantivos fue que se efectivizaba la disolución del CAN. La función colonizadora pasaba a manos del Banco de la Nación Argentina. Se reafirmaba la exigencia de que las expropiaciones fueran aprobadas por el Congreso y se establecía que la subdivisión de la tierra en lotes debía realizarse sobre la base de unidades económicas que llevaran adelante una explotación racional de la tierra. (Ley 14.394 de 1954, p.1052). Las fundamentaciones de los legisladores peronistas confluían en procurar brindar “tranquilidad al empresariado rural”.

Por su parte, la FAA procuró frenar el tratamiento de esta ley en el Congreso Nacional. Su principal crítica consistía en rescatar que los principales objetivos de las expropiaciones eran sociales y no tanto la racionalidad en la explotación de la tierra. Apuntaban a que la familia agraria pudiera acceder a la propiedad de la tierra, progresar y aplicar métodos modernos de trabajo (La Tierra, 14/12/1954, p.1).

 

La política de tierras de la “Revolución Libertadora” y la oposición de la FAA (1955-1958)

El gobierno de la Revolución Libertadora elaboró el Primer Plan de Transformación Agraria en 1957, que establecía el descongelamiento paulatino de los arrendamientos y las aparcerías rurales con miras a  un retorno gradual a la libre contratación. La preocupación gubernamental por la problemática de los arrendamientos, las aparcerías, las medierías y la colonización fue permanente durante los años 1957 y 1958. Diversas leyes complementarias prorrogaban los contratos de arriendo y se mantenían las reducciones en los montos de renta de aparcería y mediería. El plan fue reglamentado por una comisión designada por el Ministerio de Agricultura y contemplaba la integración de miembros de las siguientes entidades agrarias: FAA, SRA (Sociedad Rural Argentina), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agraria),  Asociación de Propietarios de Tierras Arrendadas.

Esta política daba cuenta, en gran medida, de la lucha del movimiento chacarero por el acceso a la propiedad de la tierra, en el cual la FAA tuvo un papel preponderante. Según Lattuada (1986), el Plan de Transformación Agraria se orientaba a que el sector más capitalizado de los arrendatarios se transformara en propietario, con rigurosas formalidades en los plazos y en la obtención de créditos para los pagos. Pero, dicho plan no tuvo éxito y la  problemática se fue resolviendo mediante sucesivas prórrogas en los contratos, continuidad en el congelamiento de los precios, políticas que eran apuntaladas mediante la movilización del movimiento chacarero (Lázzaro, 2015).

          Las temáticas del acceso de los arrendatarios y la bandera de la reforma agraria mantenían en un estado de alerta, movilización y asambleas al gremialismo federado. La entidad marcaba la demora en el estudio sobre el régimen de la tierra, cuestión que se atribuía a los cambios en el gabinete nacional, la falta de uniformidad de criterios en el interior del Estado y la gravedad del problema. Se interpelaba a la junta militar ante la situación por los vencimientos de la prórroga de contratos de arrendamientos y de aparcerías y exigían como solución definitiva el otorgamiento de la propiedad de la tierra a los productores (La Tierra, 29/1/1957).

Además, se solicitaba al gobierno que comenzara a implementar medidas tendientes a llevar adelante la reforma agraria, que se expropiaran las tierras y pasaran a manos de los pequeños productores que se organizarían en cooperativas. Así, en cada una de las asambleas en las que participaban las filiales locales, los centros juveniles y las cooperativas locales, la temática de la Reforma Agraria figuraba en primer orden entre las cuestiones tratadas, según lo revela la editorial de la revista La Tierra. Se planteaba no solo la urgencia y la centralidad que esta problemática revestía, sino su incidencia en otros aspectos nodales del desarrollo agrario como la reactivación de núcleos productores, los puertos interiores y el arraigo del productor a la tierra. Se exhortaba a recuperar la línea histórica de apoyo a un tipo de desarrollo rural que otorgaba centralidad a los pequeños productores y que, por tanto, se enlazaba -según se decía- con las tradiciones históricas de Mayo a Caseros y los enunciados públicos de Belgrano, Rivadavia, Echeverría, Sarmiento, Alberdi y Avellaneda (La Tierra, año XLV, n° 5472, p. 1, 21/3/1958).

La FAA se dirigió al presidente de la Nación requiriéndole soluciones de conjunto e integrales para el problema de la tierra. Entre ellas, que se facilitara al arrendatario o al aparcero transformarse en propietario, y construir un marco legal de colonización que permitiera al Estado realizar una amplia obra de subdivisión de las grandes propiedades. Ello se complementaba con la idea de expandir las unidades agrarias de carácter familiar, sea por la vía de la adquisición directa o bien mediante la expropiación de fincas rurales, como las que ya poseían los bancos oficiales. Se citaba el caso de la adquisición a las empresas ferroviarias, de las que pertenecían al Consejo Nacional de Educación, como también el ejemplo de la liquidación de los bienes rurales que habían pertenecido a los consorcios del exgrupo Bemberg (La Tierra, 5/2/1957).

La oposición y la lucha de la FAA contra las Sociedades Anónimas era permanente. Un ejemplo es el caso de la sociedad anónima Estancias y Colonias Trenel, conflicto que había arrancado en 1944 cuando dicha sociedad no respetaba la legislación vigente y reducía la condición de arrendatario a aparcero sin derechos[4]. En aquella ocasión y merced a la intensa labor desplegada por la FAA, la colonia -con sus 1074 arrendatarios y aparceros- pudo ser intervenida por la Dirección de Política Social Agraria. En 1957, la FAA denunciaba que la Sociedad Anónima pretendía desconocer lo convenido y arremeter nuevamente contra los derechos de los arrendatarios para convertirlos en aparceros. La forma de lucha para enfrentar lo que se consideraba un atropello fue la realización de una asamblea de arrendatarios en Arata (La Pampa) a la que concurrieron dos funcionarios gubernamentales, el Asesor Técnico General y el inspector de zona Jacobo Lincay (La Tierra, 8/1/1957).

A finales del gobierno de Aramburu se habían tomado medidas que denotaban intereses contrarios a los arrendatarios. Los decretos 6.283 y 21.857 habían modificado las leyes 13.893 y 13.246 y restaban jurisdicción a las Cámaras Regionales de Arrendatarios, las cuales hasta entonces constituían una garantía en la implementación de mecanismos de expropiación y adjudicación de tierras. Ello provocó la reacción negativa por parte de las entidades agrarias, quienes esperaban con ansiedad la posición que iba asumir el gobierno de Frondizi. La FAA se declaró en estado de movilización y asamblea ante la posibilidad de anulación de las Cámaras Regionales (La Tierra, año XLV, nº 5486, 16/5/1958).

 

La nueva propuesta de acceso de los arrendatarios a la propiedad de la tierra en el desarrollismo y el apoyo de la FAA al Segundo Plan de Transformación Agraria (1958-1959)

 

Como se afirmó en la introducción, para el desarrollismo el principal objetivo era lograr la modernización y la tecnificación del agro y para ello era prioritario fortalecer a la gran empresa agrícola privada. No obstante, el Segundo Plan de Transformación Agraria dejó intersticios para favorecer a los arrendatarios y a los pequeños productores.

En este sentido, se restituyeron las funciones colonizadoras del Consejo Agrario Nacional que tuvo, además, un papel clave en la ley de suspensión de desalojos, sobre precios de arrendamientos y aparcerías. Se declaraban de utilidad pública y sujetas a expropiación a aquellas propiedades de sociedades anónimas que tuvieran toda o parte de su superficie trabajadas por arrendatarios, aparceros y también a aquellas que no fuesen objeto de explotación agrícola-ganadera racional. Se dispuso asimismo que el Poder Ejecutivo debía tomar posesión de estas tierras expropiadas, transferirlas al Consejo Agrario Nacional, para que se procediera a su colonización y a su ulterior organización en cooperativas.

Estos proyectos tenían como sustrato la idea de realizar expropiaciones en las cuales los precios de las indemnizaciones se ajustaran a los criterios de productividad y no de especulación, así como la preferencia de los arrendatarios en el acceso a la propiedad de la tierra. Asociadas a estas nociones, se postulaba el objetivo de establecer un impuesto territorial progresivo, sin límite de superficie y que lo recaudado ingresara en el Congreso Agrario Nacional para implementar planes de colonización. La expropiación de los latifundios así lograda, permitiría suprimir a aquellas sociedades anónimas detrás de las cuales se ocultaban terratenientes y capitalistas extranjeros (Lázzaro, 2012).

           A propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados del Plan de Transformación Agraria, la FAA afirmó que constituía: “la punta de lanza de la Reforma Agraria que el país espera”, y agregó que “… no puede soportar a los terratenientes como personas físicas o constituidas en sociedades anónimas” ( La Tierra, año XLV,  nº 5507, 1/8/1958).

En un artículo del mismo periódico titulado “La marcha del Plan de Transformación Agraria” se recordaba que cuando Frondizi ganó las elecciones se presentaron a las oficinas de la Asesoría Técnica General de Rosario, alrededor de ciento veintisiete solicitudes de acceso a la propiedad de la tierra por parte de arrendatarios, los que cumplían los trámites previstos en aquél Plan e incluían su presentación en la Cámara Regional de Arrendamientos de Rosario (La Tierra, año XLV nº 5462, p.1, 11/5/1958). También se comentó que una vez que Frondizi asumió el gobierno, la FAA había resuelto enviar telegramas al presidente de la Nación y a los respectivos presidentes de ambas Cámaras, a los efectos de argumentar a favor de las entidades regionales (La Tierra,  año XLV, nº 5492, 6/6/1958).

Según la FAA, el Plan de Transformación Agraria más las observaciones a las que dio lugar un decreto ampliatorio, otorgaban estabilidad a la situación de arrendatarios y aparceros, ya que se prorrogaba hasta mayo de 1960, se congelaban también los precios de los arrendamientos y el porcentaje de las aparcerías. Para financiar y desarrollar los planes de colonización, el CAN aplicaba los bienes y los recursos propios a las tierras que por diversas causas habían pasado, a través de sus ministerios, a dominio del Estado y se emitían bonos hipotecarios para esta exclusiva finalidad. Tal recurso financiero era la primera vez que se utilizaba, a pesar de haber sido propuesto en repetidas ocasiones por los Congresos Agrarios de las entidades (La Tierra, año XLV, n° 5471, 18/3/1958).

Actores, expropiaciones y fuero agrario en la provincia de Buenos Aires.

La legitimación y los recursos financieros con los que el Consejo Agrario Nacional había logrado munirse explican que durante 1958 se hayan concretado un conjunto de expropiaciones de latifundios y luego se adjudicaran parcelas a arrendatarios, ya establecidos y trabajándolas, a través de modalidad de “colonias de arrendamientos”. Tal como comentaba el diario:  

...Hemos dicho que las colonias de arrendamiento deben constituir el nuevo paso de la reforma agraria siguiendo el Plan de Transformación. Todas ellas deben ser expropiadas mediante una legislación que establezca hasta el valor que debe asignársele. Estas colonias tienen nombres y afectan, en el plano topográfico de una región determinada, las formas de pulpos que con sus tentáculos estrangularon pueblos y ciudades. Esos latifundios constituyen rémoras inexplicables en nuestro país, que hoy ofrece, debido a un proceso industrial nuevos incentivos a inversores y capitalistas… (La Tierra, año XLV,  nº 5507, 1/8/1958).

 

Durante los años 1958 y 1959 la FAA impulsó varias expropiaciones y adquisiciones de campos por parte de arrendatarios. El Consejo Agrario Nacional daba cumplimiento al plan trazado y otorgaba los títulos definitivos de propiedad a los adjudicatarios de fracciones de tierra de la colonización oficial en condiciones para llevarlas adelante, como por ejemplo ocurrió con doscientas colonias de la provincia de Mendoza ( La Tierra, año XLVI,  nº 5975, 21/4/1959).

      En enero de 1958, la FAA reiteraba ante el presidente de la Nación el pedido de los agricultores que habitaban los campos de Bemberg, respecto de que dicho latifundio se expropiara y pasara a manos de los arrendatarios; y acotaban que ya se habían realizado los trámites correspondientes ante las comisiones liquidadoras, según lo había solicitado la Asamblea de productores realizada en Chabas (La Tierra, año XLV, nº 5452, 7/1/ 1958). En el mismo año, la Legislatura provincial bonaerense autorizó la expropiación de los campos de Fuentes y Rincón de Zárate, campo perteneciente a la ex SA Agrícola Ganadera Juan Fuentes y que se encontraba en liquidación. Previamente, en una asamblea realizada y presidida por el Presidente de FAA, que contó con la concurrencia de productores de la zona, se había solicitado la expropiación de los campos, el cual alcanzaba a todos los predios ocupados por los agricultores (La Tierra, año XLV, n° 5460, p, 1, 4/2/1958). Inclusive, una delegación de la FAA entrevistó al gobernador de Santa Fe y al Ministro de Agricultura para hablar sobre la expropiación del campo y sobre la actuación de la comisión liquidadora de dicha sociedad (La Tierra, 3/6/1958, p. 6). Finalmente, la legislatura bonaerense autorizó que la ex sociedad anónima Juan Fuentes y Rincón de Zárate fuera expropiada y entregada a los agricultores (La Tierra, año XLV, n° 5463, 14/2/1958 y La Tierra, año XLV, nº 5547, 6/1/1959).

Cabe aclarar que en los casos de subdivisión de las colonias y la entrega a los productores y sus hijos, se hacían asambleas comarcales, como sucedió con el campo de Pedro Luro donde se procedió a finalizar los trámites de la subdivisión de las colonias de la zona y su entrega a productores directos y sus hijos (La Tierra, 3/6/1958, p. 6).

           En 1959 se reglamentaba la ley 14451, hasta ese momento en demora. La misma, estipulaba pautas con relación a los peritos que tenían a su cargo la fijación del valor de la productividad de la tierra y descuentos en los precios de ventas de tierras a productores; asimismo, fijaba metodologías para calcular capital de explotación y tasas de capitalización de los beneficios líquidos. Ante dicha reglamentación, la FAA reclamaba el reajuste de los porcentajes vigentes de aparcerías agrícolas teniendo en cuenta los constantes aumentos que soportaban los costos de producción, más los aumentos en los precios de los arrendamientos. Tampoco estaban de acuerdo con los criterios para determinar el valor de la productividad de la tierra. Se denunciaba al superior gobierno y ante la opinión pública que como consecuencia del exagerado aumento de las rentas que obtenían los propietarios, quienes cedían sus tierras en aparcería, se estaba provocando un “ficticio” y “alarmante” aumento del valor venal de la tierra (La Tierra, año XLVI, nº 5569, p.1, 31/3/1959). Para una correcta implementación de esa ley, la Federación insistía en la necesidad de otorgar mayor relevancia a los criterios de las Cámaras Regionales. Luego, se denunciaría que el Banco de la Nación tampoco acordaba los créditos establecidos según la ley (La Tierra, año XLVI,  nº 5973, 14/4/1959).

          Uno de los casos que se mencionaba estaba referido a los campos de la "Estancia Hughes" S.A., sociedad anónima que había iniciado el trámite ante la Cámara Paritaria de Rosario para la subdivisión del inmueble en predios arrendados. El convenio se concretó y había sido homologado ante la Cámara Paritaria Regional de Arrendamientos y Aparcerías Rurales de Rosario (La Tierra, año XLVI, nº 5973, 14/4/1959). Otro caso citado era la situación de los agricultores de los campos pertenecientes al consorcio Bemberg, los cuales habían quedado sujetos a expropiación a partir de aquel momento ( La Tierra, año XLVI, n° 5569, p.1, 31/3/1959).

 

Alcances de la reforma agraria de 1959 en la provincia de Buenos Aires y acciones de la FAA.

Por su relevancia es necesario mencionar el Plan de Reforma Agraria de 1959 de la provincia de Buenos Aires, según el cual se creaba un “fuero agrario”. Se trató así de una nueva ley de colonización que fijaba normas para evitar desalojos y la expropiación de 98.000 has (La Tierra, 1/2/1959). Esta legislación abrió un nuevo horizonte a las expropiaciones y a los procesos de acceso a la propiedad de la tierra por parte de arrendatarios.

La misma estuvo acompañada e impulsada por movilizaciones. Un ejemplo que ilustra esta cuestión fue la importante concentración agraria que tuvo lugar en Rojas, de la cual participó la FAA y el secretario de Estado de agricultura y ganadería, Dr. Horne -en representación del Poder Ejecutivo- al que los federados reiteraban su pedido de que este último se dirigiera nuevamente al Congreso solicitando el pronto tratamiento de la Ley Agraria Nacional, y que el mismo incluyera la creación del Consejo Plenario Federal de Asesoramiento. A dicha concentración asistieron delegaciones agrarias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa, el presidente de la FAA -Julio Oroño- y el  Jefe asesor Julio Ferrarotti. Estaban presentes también Antonio di Rocco, presidente de FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias) y el secretario de agricultores federados argentinos -Alberto Paris- junto con representantes oficiales de la Nación, la provincia y la comuna.  En aquella ocasión se solicitaban recursos financieros para la realización de la obra y la intervención inmediata del Consejo Agrario Nacional en el Plan de Transformación Agraria conforme a lo establecido a la ley 14451 (La Tierra, año XLVI, nº 5569, p.1, 31/3/1959). El gobernador de Buenos Aires dijo al respecto: "Es una Reforma Agraria de profundo sentido y contenido argentinista, coincidimos los agricultores federados y los hombres de gobierno” (La Tierra, año XLVI, nº 5974, 17/4/1959).

Otro momento colectivo fue la gran concentración de productores de Pehuajó, organizado por la FAA con el objeto de tratar el proyecto de reforma agraria provincial a la luz de las resoluciones del 46º congreso ordinario anual. Como se puede apreciar en las movilizaciones de apoyo a la reforma agraria de Buenos Aires, participaban activamente las cooperativas y los dirigentes de FACA (La Tierra, año XLVI, nº 5566, 17/3/1959).

Esta política obviamente generaba debate no solo con sectores del gobierno sino con otras entidades agrarias. Uno de los argumentos esgrimidos contra la colonización, las expropiaciones y la entrega de tierras a arrendatarios era imputarle a la pequeña propiedad una supuesta disminución de la productividad. Al respecto, el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires afirmaba que “…por encima de especulaciones interesadas y de cálculos agoreros una colonia produce en volumen físico y valor de la producción como mínimo el triple de la estancia original” (La Tierra, 10/3/1959, p. 3).

           Otro argumento era desacreditar la intervención estatal,  argumentando que ésta hacía de la fijación de los precios de los arrendamientos "valores políticos de la locación de la tierra". De igual modo se postulaba que  la estipulación estatal de los precios de los granos transformaba a éstos en "precios políticos". Por eso, la entidad gremial sostenía que no debía asombrar el hecho de que los terratenientes expesaran que "...la errónea política de congelación de los precios de los arrendamientos ha provocado la paralización de la oferta de nuevas tierras de locación y por ello no pudieron formarse nuevas unidades de explotación…” (La Tierra, año XLVI, nº 5569, p.1, 31/3/1959).

La metodología empleada en el cálculo del valor de la productividad de la tierra generaba también disputa. El arrendatario tenía menos posibilidades para determinar el canon, ya que no contaba con el acceso a agrimensores, ingenieros y abogados; mientras, proliferaban los estudios profesionales que ofrecían sus servicios al propietario, quien tenía probablemente más dinero para pagarlos (La Tierra, año XLVI, nº 5977, 28/4/1959).

Ante este política pública de tierras -y particularmente ante la Reforma Agraria bonaerense de 1959- se unificó el accionar beligerante de  las organizaciones corporativas de los sectores terratenientes-capitalistas y formaciones partidarias liberal-conservadoras. El Partido Cívico Independiente (de Alsogaray) calificaba de “inconstitucional” el proyecto que facultaba al poder ejecutivo provincial para dictar esa ley con el argumento que se oponía al art. 17 de la Carta Magna. Se sumaron a esta postura el Partido Demócrata Conservador de la provincia de Buenos Aires, el Partido Conservador  Popular y el Partido Unión Republicana. Entre las corporaciones citamos a la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias y a la SRA (Lattuada, 1987, pp. 74-77).

 

Reflexiones finales

El peronismo fundacional tuvo una política favorable hacia arrendatarios y aparceros en el sentido de promover el acceso a la propiedad de la tierra. En este sentido, se generó una nueva legislación, agencias y prácticas estatales en consonancia cuya implementación recibió el apoyo de la FAA. Ésta, por su parte, peticionaba al Estado, bregaba por la suspensión de los desalojos, diseñaba mecanismos para la implementación de la legislación y generaba discursos político-gremiales. En cada filial local se debatían las cuestiones problemáticas en pequeños grupos, de manera pormenorizada. En el ámbito comarcal se hacía una puesta en común de los postulados entre las secciones locales, los Clubes Agrarios y las cooperativas. La Dirección Central tomaba en cuenta las resoluciones que emanaban de las Asambleas e imprimía su impronta a la misma, en base a los lineamientos generales de las políticas gremiales.

Cuando las políticas peronistas cambiaron de rumbo y durante la etapa de la “Revolución Libertadora”, la FAA se declaró en estado de alerta. Entonces, apeló en mayor medida a la movilización, a la dinámica de asambleas y acompañó al movimiento chacarero en su lógica disruptiva.

Luego, se analizó la política desarrollista de tierras que apuntaba a lograr la modernización, la tecnificación del agro y a fortalecer a la gran empresa agrícola privada, y se vio que ésta dejaba intersticios para favorecer a los arrendatarios y aparceros para que éstos accedieran a la propiedad de la tierra. La política colonizadora y el financiamiento otorgado al CAN, impulsaron un conjunto de expropiaciones sobre tierras fiscales y de grandes propietarios -algunos en arriendo a los productores que las reclamaban- y sociedades anónimas. Si bien hemos recopilado una cantidad relevante de discursos sobre expropiaciones y adjudicaciones de tierras, no estamos en condiciones de hacer una evaluación cuantitativa de su importancia relativa. No obstante, podemos afirmar que no se trató de procesos masivos de entrega de títulos de propiedad, ni de redistribuciones de tierras que modificaran sustantivamente la estructura social agraria.

A través del periódico La Tierra hemos podido reconstruir el conjunto de agencias estatales que intervenían en los procesos de expropiaciones y ventas, tales como la Dirección de Política Social Agraria, la Asesoría Técnica General, el Consejo Agrario Nacional, las Cámaras de Arrendamientos, la política crediticia del Banco Nación, las Comisiones Liquidadoras. Consideramos que a estos factores hay que sumarle el programa de Reforma Agraria de la FAA, sus prácticas y la movilización chacarera para así poder comprender como esta conjunción de elementos apuntaló el ejercicio de derechos sociales entre los charareros y, en gran medida, la consolidación de un sector de medianos y pequeños propietarios rurales.

 

 

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Fuentes

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Presentado: noviembre 2018                                              Aprobado: mayo 2019

 



[1] Años después, la temática de la redistribución de la tierra y la expropiación de “latifundios” volvió a cobrar centralidad  durante el tercer gobierno peronista, en torno al debate sobre la renta potencial de la tierra. Esta temática no está empero, comprendida en el período bajo estudio. Al respecto, una investigación interesante es el aporte de Poggi, quien considera a la reforma agraria no como un programa en si mismo, sino como diferentes medidas de índole impositiva que tuvieron como objetivo regular la acumulación y la productividad de la tierra (Poggi, 2011).

[2] El núcleo histórico de la formación discursiva agrarista postula la necesidad de la intervención estatal frente a la concentración de la propiedad de la tierra, a la que atribuye la principal responsabilidad en  trabar el desarrollo agrario, el arraigo del pequeño y mediano productor a la tierra (Balsa, 2007).

[3] Según Ansaldi, designa a un sujeto característico del agro pampeano, un productor rural que se basa en  su propia fuerza de trabajo (personal  y familiar), que se apropia de una masa de plustrabajo transferida al propietario de la tierra como renta si es arrendatario, y que acumula cierto nivel de excedente (Ansaldi, 1993, pp 77-80).

[4] Existen en La Tierra permanentes denuncias de que los medieros se encontraban en una situación de aparcería “expoliadora y esto connotaba que no se implementaba el estatuto del tambero-mediero, el que había sido sancionado 10 días antes de las elecciones que ungirían a Perón como Presidente en 1946. Esta normativa venía a formalizar un conjunto de relaciones sociales que hasta ese momento no reconocían injerencia del Estado. Este estatuto establecía que el tambero-mediero era un trabajador que estaba a cargo de la explotación de tambos en participación, con su trabajo directo. Los propietarios de tambos debían abonar a los tamberos-medieros un porcentaje sobre la producción de leche que, en general, no podía ser menor al 40 % del total de la producción, siempre que aportara los vehículos apropiados y los arneses, además de los utensilios e implementos necesarios al ordeño (Decreto-ley n° 3.750, 1946, p.125).

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